El 1 de enero de 2018 entrará en vigor uno de los cambios regulatorios que puede tener mayor impacto, dice Funcas

30.03.2017 22:18

El 1 de enero de 2018 entrará en vigor uno de los cambios regulatorios que puede tener mayor impacto en las provisiones de las entidades financieras. La Norma Internacional de Instrumentos Financieros 9 (NIIF 9), más conocida en el sector por su siglas en inglés, IFRS 9, modifica de forma significativa el mecanismo de reconocimiento de provisiones ante potenciales pérdidas por incumplimientos de familias y/o empresas receptoras de financiación. Tal como explican Pilar Barrios y Paula Papp en el último número de Cuadernos de Información Económica, editado por Funcas, esta normativa cambia el criterio de provisionamiento desde una visión de reconocimiento de pérdidas una vez se que se ha incurrido en ellas -generalmente a los 90 días de impago- a tener que provisionar desde el mismo momento en que se concede la financiación con base en una pérdida esperada.

Este nuevo enfoque requiere, según las autoras, que las entidades generen o adapten sus modelos y metodologías para poder aproximar la pérdida esperada de las distintas carteras. Un primer estudio de la Autoridad Bancaria Europea estima que será necesario un incremento medio del 18% (de hasta un 30% para el 86% de las entidades) en el volumen de provisiones y que dará lugar a una disminución del coeficiente de CET1 (capital de primer nivel) de 59 puntos básicos (pb) de media (y hasta 75 pb para el 79% de las entidades). De momento, preocupa el hecho de que una gran cantidad de entidades está en una fase muy embrionaria de aplicación de esta normativa. En particular, las entidades de menor tamaño van más retrasadas, siendo probablemente las que más esfuerzos de adaptación deban de asumir.

Santiago Carbó y Francisco Rodríguez apuntan en su artículo que, en materia de eficiencia, la banca española sigue manteniendo su ventaja respecto a la media de la eurozona ya que dos tercios de los ingresos de explotación de los bancos del área de la moneda única son consumidos por sus costes administrativos y salariales, mientras que en España solo se consumen la mitad de esos recursos.

Para los autores, aun cuando los mercados parecen comportarse de forma algo más favorable, 2017 no es un año exento de riesgos para la banca. Los grandes desafíos internacionales son, en primer lugar, el relativo al Brexit, particularmente relevante para las entidades españolas por su presencia en Reino Unido. De hecho, los bancos españoles fueron los únicos entre los grandes países europeos en aumentar su exposición a Reino Unido en el año anterior al referéndum de junio de 2016. En particular, en 21.971 millones de euros. Tampoco hay que olvidar las presiones hacia la desregulación provenientes de Estados Unidos, que podrían alterar el frágil equilibrio de la arquitectura de la unión bancaria, y la ausencia de referencias en materia de transparencia, que podría afectar a la banca de otros países provocando nuevos episodios de estrés. En 2017 solo se realizará un ejercicio de transparencia del sector mientras que las próximas pruebas de esfuerzo serán en 2018.

El sector financiero también centra el trabajo de Joaquín Maudos, que explica que, aunque el modelo de negocio predominante de la banca española sigue siendo retail, entre 2007 y 2016 se produjo una notable caída del peso del préstamo al sector privado y un aumento de la importancia de la deuda pública en el activo. En particular, el préstamo al sector privado bajó 12,3 puntos porcentuales su peso, desde el 59,2% al 46,9%, debido sobre todo al desapalancamiento de las empresas. Por su parte, desde 2008 la inversión en deuda casi se ha duplicado, del 9,8% al 17,5%, esencialmente por la mayor tenencia de deuda pública, que ha triplicado su peso hasta el 9,4% en 2016. Entre 2007 y 2016, España fue el segundo país de la eurozona donde más aumentó el peso de la deuda pública en el activo de la banca, solo por detrás de Portugal.

El autor, que compara los cambios en el modelo de negocio de la banca de la eurozona en un contexto marcado por la caída de tipos, el desapalancamiento de las economías, las exigencias regulatorias y la creciente competencia, destaca también en la banca española la mayor financiación vía depósitos y menor en los mercados mayoristas y una corrección del gap de liquidez en la ratio créditos/depósitos. Así, si en 2008 por cada euro de depósitos del sector privado había 1,15 de créditos, en 2016 por cada euro de depósitos había 0,88 de créditos.

En plena recuperación y después de que la tasa de paro en España bajara desde el máximo histórico del 26,9% en el primer trimestre de 2013 hasta el 18,6% en que cerró 2016, María Romero y Daniel Fuentes retoman el debate sobre la capacidad de la economía española para seguir reduciendo esa tasa de desempleo sin acelerar los precios y los salarios por encima de lo deseable, es decir, cómo reducir la tasa de paro estructural. Sus estimaciones confirman una horquilla de entre el 16% y el 18%, aún excesivamente alta y muy cercana a la tasa de paro efectiva. Por ello, los autores abogan por la reconversión y orientación eficiente a los parados mediante el refuerzo del gasto en políticas activas de empleo -España es uno de los países con menor gasto por parado de la UE-15, con unos 1.100 euros frente a los 6.500 euros de media-; el impulso del autoempleo a través de la mejora del clima de negocios y de las condiciones para el emprendimiento; el impulso de la política de defensa de la competencia y reducir las rigideces que, a su juicio, persisten en el mercado laboral.

Rafael Myro apunta en su artículo que la industria española necesita de una política industrial reforzada, más activa y dotada de mayores recursos ya que existen desventajas competitivas que frenan su crecimiento. Entre estas, el autor cita la exportación, concentrada en un número limitado de productos, de mercados y de empresas; la estructura productiva, que adolece de excesiva falta de tejido en los sectores TIC; y la productividad, que avanza a ritmos bajos y se ve restringida por el elevado número de microempresas, que presentan además importantes deficiencias de gestión. El artículo reclama actuaciones concretas que fortalezcan el tejido industrial e incremente su peso en la economía, impulse el crecimiento de la productividad y la internacionalización de las empresas y base su éxito en un ecosistema innovador con una administración pública necesariamente reformada.

La consolidación fiscal centra el artículo de Santiago Lago, que considera que la lenta reducción del déficit se debe al comportamiento de los ingresos tributarios, principalmente por el impacto de algunas rebajas fiscales. Asimismo, en su opinión, el cumplimiento de objetivos por las comunidades autónomas en 2016 tiene que ver no tanto con medidas de ajuste discrecionales como con los recursos adicionales proporcionados por el sistema de financiación autonómica. Y por último, el mayor reto de la consolidación fiscal en España y principal problema es el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, cuyos ingresos no están respondiendo como se esperaba a la recuperación del empleo, por el efecto de las bonificaciones a la contratación; por la devaluación salarial de los últimos años; por las transferencias del Estado para financiar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) e, incluso, por la propia caída de los ingresos por intereses del fondo de reserva.

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